Hace casi dos años Bukele, el presidente salvadoreño, decretó el estado de excepción. Dado que en un solo fin de semana en marzo 2022 se llevaron a cabo 87 homicidios, fruto de un enfrentamiento entre las bandas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Desde el 27 de marzo de 2022, este régimen de excepción se ha alargado 22 veces. El régimen de excepción mantiene suspendidos tres derechos constitucionales: la defensa, la limitación temporal de una detención administrativa y el secreto de las comunicaciones.
El que era una vez uno de los países más peligrosos del mundo es ahora uno con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica. Esta guerra contra las pandillas se ve retratada en las imágenes virales de pandilleros semidesnudos, tatuados de pies a cabeza, corriendo en las megacárceles.
El estado de excepción no es la única medida que Bukele ha puesto en marcha. Desde 2019 el Plan Control Territorial, que consta de 7 fases, tiene como objetivo reducir la criminalidad en el país. Esto incluye el control de los territorios y el componente represivo contra los criminales, recuperar los territorios en las comunidades donde operaban los pandilleros, la suma de más miembros de las fuerzas del orden…
La Campanera, lo que una vez fue el núcleo de Barrio 18 y uno de los barrios más peligrosos del mundo, es hoy un lugar seguro y de vida social. El aumento en el número de militares, las casas “destroyers”, lo que eran una vez los puntos de encuentros de miembros de pandillas, son hoy viviendas para los residentes del barrio. Los vecinos ven el cambio positivamente, los grafitis de las pandillas están ahora cubiertos y hasta hay partidos de fútbol entre niños de barrios rivales. El impacto también es positivo en la economía, ya que los salvadoreños son menos propensos a ser víctimas de extorsión por las maras.
Hasta ahora, más de 65.000 personas están detenidas y al menos 132 han muerto bajo la custodia del Estado. Lo que muchos critican como una violación de los derechos humanos. Se desconoce así “la presunción de inocencia” en la que dan por culpables a todos los detenidos.
Samuel Ramírez, es el fundador del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR). Un grupo que se creó en agosto de 2002 para denunciar los abusos del gobierno y reclamar la liberación de los inocentes. Otras organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch también denuncian los abusos del gobierno. Hay un patrón en estas detenciones arbitrarias: la detención en base a supuestas denuncias anónimas, la tenencia de tatuajes o de antecedentes penales previos de cualquier tipo. Asimismo, las personas desconocen exactamente de que son acusadas y “las audiencias exprés – la mayoría virtuales – donde un juez de identidad reservada puede llegar a procesar simultáneamente hasta a 500 personas, no permiten mucha transparencia”. Por otro lado, al igual que en gobiernos anteriores, hay dudas sobre si la disminución de la criminalidad y de las muertes se debe a tratos de Bukele con las pandillas.
Recientemente, en menos de 48 horas, entre el 10 y el 12 de enero pasados, las autoridades realizaron un total de 117 capturas de supuestos pandilleros. Según Ramírez, el alza de capturas se da en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales por lo que la probabilidad de que sea una “estrategia electoral” es alta.
En febrero de 2024, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, en las cuales Bukele se presentará. Si es reelecto, sería el primero en repetir en el cargo a pesar de que la Constitución no lo permite. Para ello dejó el cargo de presidente a finales de noviembre, lo que le deja un plazo de 6 meses para preparar su candidatura.
Estas medidas drásticas y hasta inconstitucionales para erradicar la delincuencia en el país causan mucha polémica nacional e internacionalmente. ¿Cuál es el precio que los salvadoreños están dispuestos a pagar por la seguridad? ¿Cuál es el límite entre represión y estado de excepción?
Nayra Palacios Miquel
Estudiante peruana en Licenciatura de Sciences politiques et à l’Académie de l’ESJ
