En Perú, una democracia sin electores

Desde hace varios años, el Perú atraviesa una crisis política de una intensidad poco común en el continente. Presidentes destituidos, un Congreso profundamente desacreditado, partidos efímeros y escándalos de corrupción que se suceden sin cesar… En menos de una década, el país ha visto pasar a nueve jefes de Estado. A medida que los gobiernos caen, también se erosiona la confianza de los ciudadanos.

Cuando los últimos centros de votación cerraron sus puertas en Perú, el domingo 7 de junio, todas las miradas se dirigieron al escrutinio de una elección anunciada como una de las más reñidas de la historia reciente del país. Los canales de televisión analizaban los primeros resultados, los comandos de campaña calculaban sus reservas de votos y los analistas comentaban el avance de los candidatos. Sin embargo, otra cifra llamó especialmente la atención: más de siete millones de peruanos decidieron no acudir a las urnas, pese a que el voto es obligatorio. Si a ello se suman los votos en blanco y nulos, casi uno de cada tres electores terminó rechazando apoyar a cualquiera de los candidatos. En un país donde la abstención está teóricamente sancionada, esta paradoja dice mucho sobre el estado de la democracia.

A primera vista, sin embargo, las cifras parecen contar otra historia. El Perú ha mantenido un crecimiento económico relativamente estable durante varias décadas y el voto obligatorio debería, en teoría, garantizar una elevada participación electoral. Pero mientras algunos electores siguen acudiendo a las urnas sin creer realmente en la utilidad de su voto, otros prefieren pagar una multa antes que participar, y muchos depositan un voto en blanco o nulo como última forma de expresar su rechazo. En estas condiciones, medir la vitalidad democrática únicamente a través de la participación electoral resulta engañoso. La abstención, los votos en blanco y los votos nulos dibujan conjuntamente el contorno de una desconfianza que va mucho más allá del resultado electoral. Revelan una cuestión más profunda, que trasciende el caso peruano: ¿qué valor conserva una democracia cuando sus ciudadanos siguen votando sin creer que su voto pueda cambiar realmente el rumbo de las cosas?

La paradoja del voto obligatorio

El primer error consiste en observar al Perú con categorías europeas. En la mayoría de las democracias occidentales, la abstención significa que el elector decide no participar. En el Perú, la situación es mucho más ambigua. Desde 1933, el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, bajo pena de multa o de enfrentar diversas complicaciones administrativas. Sin embargo, esta obligación ya no genera la adhesión que pretendía suscitar. Una parte de los electores prefiere hoy pagar la multa antes que votar. Otros acuden a su centro de votación sin respaldar a ningún candidato. En este contexto, los votos en blanco y nulos adquieren un significado político particular: no expresan indiferencia, sino el rechazo a elegir entre opciones consideradas poco creíbles. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, los abstencionistas se contaron por millones. Sumados a los votos blancos y nulos, conforman un bloque de casi nueve millones de electores, es decir, más que el total de votos obtenidos por la candidata que terminó en primer lugar.

Un pueblo cansado

Las cifras ofrecen un diagnóstico contundente. Según los datos del Latinobarómetro, apenas el 12 % de los peruanos se declara satisfecho con el funcionamiento de la democracia, uno de los porcentajes más bajos de América Latina. Aún más revelador resulta que solo uno de cada cinco ciudadanos considere que sus derechos fundamentales están realmente protegidos por el Estado. Esta desconexión entre la población y sus representantes no surgió de un día para otro. Desde 2016, el Perú ha encadenado crisis políticas a un ritmo sin precedentes: renuncias, destituciones, disoluciones del Congreso, intentos de vacancia presidencial, manifestaciones y represión. En menos de una década, el país se dispone a investir a su noveno presidente. Esta inestabilidad permanente ha terminado por instalar una profunda fatiga democrática. ¿Por qué depositar la confianza en un dirigente cuyo mandato parece condenado antes incluso de comenzar?

Para el politólogo Martín Tanaka, sin embargo, esta inestabilidad no constituye la causa principal de la crisis, sino su consecuencia. El verdadero problema radicaría en el progresivo derrumbe de las estructuras capaces de conectar a los ciudadanos con el poder. Los grandes partidos que antaño organizaban la vida política peruana fueron desapareciendo poco a poco, dando paso a una multitud de agrupaciones efímeras construidas alrededor de una figura antes que de un proyecto político. En cada elección aparecen nuevos partidos, mientras otros desaparecen casi de inmediato. Los electores cambian regularmente de candidato, no por convicción, sino por falta de alternativas duraderas. Esta fragmentación alimenta, a su vez, una profunda desconfianza. Un estudio publicado en 2025 muestra que la percepción de la corrupción, la sensación de que la democracia ya no protege los derechos fundamentales y la pobreza siguen siendo los principales factores que explican la abstención en el Perú.

Esta interpretación coincide con los trabajos del politólogo Julio F. Carrión, quien describe al Perú como un país de «protesta sin representación». Los peruanos figuran entre los latinoamericanos más dispuestos a manifestarse, pero también entre quienes menos confianza depositan en los partidos políticos. Las movilizaciones se multiplican mientras los canales institucionales pierden progresivamente su capacidad de canalizar el descontento. En este contexto, la abstención, el voto en blanco y el voto nulo dejan de ser simples signos de indiferencia para convertirse en otra forma de expresar un malestar que las instituciones ya no logran absorber.

Un país fragmentado

En la noche de la segunda vuelta, los mapas electorales comienzan a dibujar un país que ya no parece mantenerse unido. En Lima, las tendencias se estabilizan rápidamente. En la costa norte, los resultados confirman alineamientos políticos ya conocidos. Pero en los Andes del sur, los primeros datos cuentan otra historia: la de un Perú que no solo vota de manera distinta, sino que ya no vota por las mismas razones.

Desde el ascenso de Pedro Castillo en 2021, esta fractura territorial, ampliamente conocida, no ha hecho más que profundizarse. Maestro rural originario de la región de Cajamarca y prácticamente desconocido para los círculos políticos limeños, Castillo encarnó durante unos meses la promesa de un cambio profundo. Su elección puso de manifiesto una realidad que las élites urbanas habían subestimado durante mucho tiempo: una parte importante del país ya no se reconocía en las instituciones centrales. En las provincias andinas, su victoria fue interpretada como una revancha simbólica; en la capital, como una anomalía política.

Pero ese momento duró poco. Enfrentado de manera permanente a un Congreso hostil y debilitado por acusaciones de corrupción e incompetencia, Castillo anunció en diciembre de 2022 la disolución del Parlamento, en lo que fue calificado de inmediato como un intento de autogolpe de Estado. Fue destituido pocas horas después, detenido y reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte. En cuestión de horas, el país volvió a sumirse en una nueva crisis institucional.

Este cambio abrupto de poder desencadenó una ola de protestas de una intensidad excepcional, especialmente en el sur andino. Durante varias semanas, miles de manifestantes exigieron la renuncia de la nueva presidenta, la convocatoria de elecciones anticipadas y, en algunos casos, una reforma completa del sistema político. La respuesta del Estado fue represiva: los enfrentamientos dejaron decenas de muertos y ampliaron aún más la brecha entre Lima y las regiones periféricas.

Es en este contexto donde el voto pierde todavía más sentido para una parte de la población. El Congreso bloquea las reformas, los gobiernos se suceden sin lograr estabilizar el país y las elecciones dejan de representar un verdadero momento de decisión política para convertirse en un episodio más de una crisis permanente. Las encuestas reflejan claramente este cansancio institucional. El rechazo ya no se concentra en un solo sector político, sino que alcanza al conjunto del sistema. Tanto los candidatos de izquierda como los de derecha llegan al primer lugar con porcentajes reducidos, a veces inferiores al 20 % de los votos válidos en la primera vuelta. La segunda vuelta, lejos de aclarar el panorama, suele reforzar una lógica de rechazo: votar para impedir que gane el otro, más que para respaldar un proyecto político.

¿Qué legitimidad para Fujimori?

Queda entonces la pregunta que la legislación electoral nunca formula: ¿qué valor tiene un mandato obtenido por obligación y no por convicción? El voto obligatorio garantiza una cifra de participación respetable sobre el papel, suficiente para otorgar a la elección una apariencia de legitimidad democrática. Pero no garantiza en absoluto que los ciudadanos hayan elegido realmente a alguien.

Los resultados, que serán confirmados a mediados de julio, anuncian por ahora la victoria de la candidata conservadora Keiko Fujimori. Sin embargo, entre una candidata elegida por una diferencia de apenas cuarenta y cuatro mil votos, un bloque de abstencionistas y de votos anulados o en blanco casi tan numeroso como sus propios apoyos, y un Congreso en el que siete de cada diez peruanos no confían, la nueva presidenta no hereda un mandato. Hereda, más bien, la obligación colectiva de haber acudido a votar, un deber que el país cumplió para evitar una multa y que, una vez frente a la urna, se apresuró a vaciar de todo su sentido.