Por una nueva constitución chilena

Se han producido escenas de júbilo en Chile después de que una abrumadora mayoría votara a favor de reescribir la Constitución chilena, que data del gobierno militar dictatorial del general Augusto Pinochet (1973-1990). Cuando las tarifas del metro en la capital de Chile subieron el año pasado, pocos esperaban que la decisión terminara con la caída de la Constitución de la era dictatorial del país. Los ciudadanos han respaldado el proyecto de abolir la Constitución de la época de Pinochet para reemplazarla por una nueva carta magna elaborada por los ciudadanos.

7,5 millones de chilenos acudieron a votar. Con todas las papeletas escrutadas, el 78% ha votado «sí» en un referéndum que se convocó tras las protestas masivas contra la desigualdad y la precariedad social.

La Constitución: una herencia de Pinochet

Uno de los argumentos principales para el cambio es simbólico: el documento existente fue redactado y aprobado durante la dictadura militar y carece de legitimidad, dicen sus críticos. El texto se inclina hacia una interpretación conservadora de la ley y no ofrece ninguna posibilidad a los ciudadanos de participar en las decisiones políticas . Los 17 años de gobierno de Pinochet fueron demasiado brutales. Casi 40.000 personas fueron encarceladas, torturadas o asesinadas injustamente, y más de 1.000 han sido consideradas oficialmente como desaparecidas.

¿Un rayo de esperanza democrática ?

Muchos han expresado su esperanza de que el nuevo texto atempere una ética descaradamente capitalista y garantice una mayor igualdad de derechos en materia de sanidad, pensiones y educación.

Cuando los chilenos salieron a la calle para celebrar el «sí» en el referéndum sobre la reforma de la Constitución, muchos ondeaban la bandera mapuche. Los Mapuches representan alrededor del 12% de la población de Chile y son el grupo indígena más numeroso del país.

Antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, los mapuches habitaban una vasta franja de tierra en el sur de Chile. Gran parte de sus tierras fueron vendidas a agricultores y empresas forestales. En la década de 1990, tras el retorno de la democracia, el gobierno dijo que iba a devolver parte de las tierras a los mapuches. Pero los avances han sido mínimos, ya que los propietarios están reacios a devolver sus tierras a los mapuches. También, luchan no sólo por los derechos territoriales de su comunidad, sino también para que su cultura y sus tradiciones sean reconocidas por la nueva Constitución.

Cuatro quintas partes de los votantes dijeron que querían que la nueva Constitución fuera redactada por un órgano especialmente elegido por los ciudadanos – formado por la mitad de mujeres y la mitad de hombres – en lugar de una convención mixta de legisladores y ciudadanos, lo que pone de manifiesto la desconfianza general hacia la clase política de Chile. Los miembros de una convención constitucional de 155 escaños serán votados en abril de 2021 y tendrán hasta un año para acordar un proyecto de texto, con propuestas que deberán ser aprobadas por una mayoría de dos tercios.

Una lucha popular persistente

Cuando el multimillonario de derecha Sebastián Piñera llegó al poder en 2018, dijo que la posibilidad de una nueva Constitución ni siquiera estaba sobre la mesa. Pero su punto de vista ha cambiado con las protestas de 2019. A pesar de la represión mortal de su gobierno contra dichas protestas, en su mayoría pacíficas, las manifestaciones continuaron y se transformaron en una campaña por la igualdad económica y social. En otras palabras, la creación de una sociedad que sólo una nueva constitución chilena podría proporcionar. El presidente Sebastián Piñera alabó la votación pacífica. Dijo que era «el comienzo de un camino que recorrerían todos juntos». Añadió que cualquier nuevo proyecto debía incorporar «el legado de las generaciones pasadas, la voluntad de las generaciones presentes y las esperanzas de las generaciones venideras».