La minería metálica vuelve a ser legal en El Salvador. El lunes 23 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva Ley General de Minería, con la que se reactiva una industria que fue totalmente prohibida en 2017. El presidente Nayib Bukele ha celebrado la medida como un logro económico, asegurando que el país posee algunas de las mayores reservas de oro del mundo.
Pero mientras el Gobierno promociona esta nueva etapa como una oportunidad de desarrollo, organizaciones ambientalistas, sectores académicos, religiosos y comunitarios alertan sobre las graves consecuencias que esta decisión podría tener para el medio ambiente y la salud pública. La polémica está servida.
Nayib Bukele en 2023
Una ley con historia
La minería metálica fue tema de debate nacional durante más de una década. En la primera mitad de los años 2000, El Salvador otorgó 28 permisos de exploración minera, principalmente en el norte del país. De todas esas concesiones, solo una empresa —la canadiense Pacific Rim Cayman— solicitó un permiso de explotación formal. El Gobierno lo rechazó y la empresa respondió con una demanda ante un tribunal internacional. El país ganó el arbitraje en 2016, lo que dio paso a la histórica ley de 2017, considerada la primera en el mundo en prohibir totalmente la minería metálica.
La lucha fue liderada por comunidades afectadas, como las del departamento de Cabañas, organizadas bajo la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y la Mesa Nacional Frente a la Minería (MNFM). El movimiento antiminero cobró fuerza con el apoyo de la iglesia, universidades y organizaciones internacionales. Su victoria fue vista como un ejemplo global de defensa del derecho al agua y al medioambiente, especialmente en un país donde varios ambientalistas fueron asesinados durante el conflicto con Pacific Rim, crímenes aún sin justicia.
¿Por qué es tan controversial el retorno de la minería?
La ubicación geológica de El Salvador juega un papel central. El país se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica que también alberga grandes depósitos minerales. Esta riqueza geológica ha sido fuente de interés para las empresas extranjeras, pero también implica riesgos ambientales considerables.
Expertos advierten que la minería metálica, especialmente la extracción de oro, genera enormes cantidades de desechos tóxicos. Según el especialista Andrew McKinley, se necesitan más de 20 toneladas de roca para obtener suficiente oro para un solo anillo. El 90 % de las operaciones industriales usan cianuro, un compuesto químico altamente tóxico que puede contaminar suelos, ríos y acuíferos, incluso en pequeñas cantidades.
En un país donde cerca del 50 % de la población sufre de inseguridad hídrica y más de 1.3 millones de personas no tienen acceso garantizado a agua potable, los impactos de la minería podrían ser catastróficos. En zonas como San Isidro, donde más de 4,000 personas dependen de pozos, la contaminación de fuentes de agua sería especialmente crítica.
Mapa del cinturón de fuego
La voz de la ciudadanía
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA reveló que el 59.2 % de los salvadoreños considera que el país no es apto para la minería metálica. La Iglesia Católica ha sido una de las voces más contundentes, entregando 150 mil firmas en la Asamblea Legislativa para exigir la derogación de la nueva ley. En un comunicado reciente, pidió reconsiderar la medida por los daños que ocasionará “a las personas más vulnerables” y “a las nuevas generaciones”.
El sector salud también ha tomado posición, advirtiendo sobre las consecuencias para el bienestar físico y mental de las poblaciones cercanas a los sitios de extracción. Jóvenes, estudiantes y organizaciones sociales han protagonizado manifestaciones, como la del pasado 9 de febrero frente a la Biblioteca Nacional, denunciando la falta de consulta ciudadana en la aprobación de la ley.
Audiencia sobre Derechos Humanos de las personas afectadas por la minería metálica en el Salvador
Un modelo económico cuestionado
La reapertura de la minería en El Salvador se enmarca en una lógica económica extendida en América Latina: la extracción de recursos naturales para alimentar la inversión extranjera. Sin embargo, esta fórmula ha sido ampliamente cuestionada. La mayoría de las mineras operan con capital canadiense, británico o chino, y dejan mínimos beneficios fiscales en los países donde se instalan. Las ganancias se concentran en las corporaciones, mientras que los costos sociales y ambientales recaen sobre la población local.
En este contexto, la nueva Ley General de Minería salvadoreña representa un retroceso para quienes han luchado por un modelo de desarrollo más sostenible y equitativo. La tensión entre crecimiento económico y protección ambiental vuelve a estar en el centro del debate nacional.
¿Puede El Salvador encontrar un equilibrio entre sus riquezas naturales y el bienestar de su población? ¿O se verá condenado a repetir una historia de saqueo y contaminación ya conocida en muchos rincones del continente?
Nayra Palacios Miquel
Estudiante peruano en Licenciatura en Ciencias políticas y la Academia ESJ
